En Europa existen varios modelos de políticas de integración social adoptados por los gobiernos. Por ejemplo, el modelo holandés trataba a los inmigrantes como minorías étnicas y culturales desde el inicio de la gestión del fenómeno migratorio en el país. Lo cual proporcionó el desarrollo de una sociedad multicultural, más abierta y plural. En el lado opuesto se encuentra Francia, donde la inmigración, después de medio siglo de existencia, sigue siendo un asunto polémico causante de una notable tensión social. Esta situación está indudablemente generada por el rígido modelo francés de asimilación. Este modelo no ha facilitado la integración cultural de la comunidad migrante como identidad colectiva dentro del cuerpo nacional francés a pesar de los fuertes vínculos culturales entre Francia y sus antiguas colonias de donde procede la mayor parte de los inmigrantes.[1] En el Reino Unido, las políticas de gestión cultural eficazmente contemplan la multiculturalidad de la sociedad inglesa, muy acostumbrada al contacto frecuente con personas de todas las etnias y culturas.[2]
Por su parte en España el fenómeno es totalmente nuevo. La sociedad española vivió quinientos años con un modelo de Estado nación centralizado que ni siquiera reconocía los idiomas regionales distintos al castellano. En menos de treinta años, la sociedad española tiene una comunidad extranjera bastante amplia, más de cuatro millones de personas, que está obligada a integrar. La ley española no discrimina a los inmigrantes en al acceso a las prestaciones sociales y los servicios públicos, pero la gestión del fenómeno migratorio exige una perspectiva de política de Estado respecto a la integración cultural y social de estos nuevos ciudadanos, cuyo alcance rebasa la simple gestión administrativa. La Academia española en numerosos estudios llegó a esbozar un marco teórico esencial para impulsar una política de integración publica dirigida a la comunidad inmigrante en España. Una gestión necesaria a nivel nacional que, a groso modo, modifica la percepción de conceptos socioculturales que hasta hace poco tiempo no eran motivos de debate público como identidad o religión, etc.
En primer lugar, la sociedad española debe reconocer que la diversidad religiosa interna es una realidad social con o sin el factor migratorio. Solo el 67 % de los españoles se consideran católicos, es decir, más del 30 % de los españoles se identifican religiosamente de manera distinta a la mayoría, lo cual transforma por completo la cultura tradicional española.[3] En segundo lugar, como sociedad plural y democrática es imprescindible conocer otras culturas y valorar su labor en la historia de la humanidad, especialmente las que tienen arraigo histórico en la península donde han dejado huellas profundas en el patrimonio material e inmaterial. Esta cuestión implica renunciar definitivamente a la visión centralista de la cultura española y abrirse hacia una sociedad multicultural y diversa en aspectos lingüístico, culturales y de estilo de vida. Un modelo de sociedad moderna donde el Estado de derecho y del bienestar abarca todos los colectivos sociales del país. La razón de dicha metamorfosis social debe ser el valor universal de los derechos humanos que no debe relativizarse en ningún lugar del mundo, ni limitarse a colectivos determinados de la sociedad.
Desde la crisis financiera de 2008, la inmigración perdió su protagonismo en el debate público en España. En política, así como, en la investigación académica se evidencia un abandono del fenómeno migratorio; los recortes económicos en la materia social para afrontar la crisis, el incremento del discurso xenófobo propio de la extrema derecha, el auge de cuestiones políticas que generan tensión social como el problema catalán han complicado mucho el desarrollo de políticas estatales dirigidas a la inmigración. Por otro lado, la comunidad inmigrante por motivos internos y externos no es un actor político, y el tejido asociativo inmigrante está diseñado por determinantes étnicos, culturales y religiosos, muy lejos de representar un movimiento civil laico, es decir, lejos de una tendencia social reivindicativa que actúe desde una perspectiva humanista sólida y progresista. Por tanto, es necesario preguntarse ¿cuál es el futuro de la integración de los inmigrantes en España?
[1] Castillo y Martínez M. 2011: 55-61
[2] Aparicio Gómez 2010: 24-45
[3] Centro de Investigaciones Sociológicas (octubre de 2014). «Barómetro de octubre de 2014». Consultado el 5 de noviembre de 2014.
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